A partir del 1 de mayo comenzó a regir la norma que exonera temporalmente del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los alimentos de la canasta básica familiar, tales como el pollo y los huevos; los insumos de fideos, pan y azúcar. Esta medida nace del Poder Ejecutivo como una forma de hacer frente al incremento en el costo de los productos alimenticios y estará en vigencia hasta el 31 de julio de este año.

Sin embargo, un reciente pronunciamiento de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) explica que la medida no tendría un impacto inmediato en el producto final ya que no se está permitiendo que el IGV de todas las compras realizadas por el vendedor minorista puedan aplicar como crédito fiscal.

Para el gremio, esta medida “evidencia distorsiones que terminarán encareciendo la venta de bienes al consumidor final”. Entre estas distorsiones se puede identificar que la empresa solo podrá restar el IGV pagado a los proveedores de aquellos insumos que figuren en el próximo reglamento a publicarse. Es decir, el IGV pagado por servicios como mantenimiento, transporte, márgenes de distribuidores mayoristas, entre otros, no podrían tomarse como crédito fiscal. En consecuencia, el IGV terminará siendo traslado al consumidor.

Esta norma también precisa que el crédito fiscal solo será otorgado a los productos de los bienes que figuran en la lista de exoneración. Con ello, los demás participantes en la cadena de comercialización (mayoristas, minoristas, etc.) no podrán aplicar como crédito el IGV de estas adquisiciones.

Para la CCL, una salida a esto es que el Legislativo disponga una modificación que permita que todo el IGV de las compras (lo acumulado antes de la entrada en vigor de la norma) pueda considerarse como crédito tributario y que pueda ser compensado o devuelto, como ocurre con el sector exportador.